Catalina Giraldo, la colombiana de 30 años que murió pidiendo elegir cómo hacerlo

Catalina Giraldo tenía 30 años, era psicóloga y durante la última década de su vida cargó con un peso que ningún tratamiento logró aliviar. Trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad conformaban un cuadro clínico que la medicina colombiana no pudo revertir, pese a intentarlo todo.

Más de 40 esquemas farmacológicos distintos. Años de psicoterapia intensiva. Sesiones de terapia electroconvulsiva. Infusiones de ketamina. Desde 2019, Catalina fue hospitalizada en al menos diez ocasiones por crisis agudas y enfrentó varios intentos de suicidio que la dejaron al borde de la muerte en más de una oportunidad.

Una batalla legal que duró años

Agotada por el sufrimiento y convencida de que ninguna alternativa clínica le devolvería la calidad de vida que añoraba, Catalina decidió emprender una lucha que en Colombia todavía tiene más sombras que certezas: solicitar el acceso al suicidio médicamente asistido, una figura legal distinta a la eutanasia.

La diferencia es crucial. En la eutanasia, un profesional de la salud aplica el procedimiento que causa la muerte. En el suicidio médicamente asistido, es la propia persona quien activa el mecanismo, conservando así la autonomía sobre el momento final.

El desenlace, a medias

El pasado 9 de junio, Catalina finalmente accedió a la eutanasia y falleció. Sin embargo, la forma no fue la que ella había solicitado. Su petición original era acceder a la asistencia médica al suicidio, para ser ella quien decidiera el instante exacto de su partida.

Aunque ambas prácticas están despenalizadas en Colombia, los vacíos regulatorios y la falta de protocolos claros siguen dejando a pacientes y familias en un limbo que puede traducirse en demoras, negaciones o, como en este caso, procedimientos que no respetan del todo la voluntad del solicitante.

Un caso que trasciende fronteras

La historia de Catalina no es solo un caso clínico ni una tragedia individual. Es el espejo de un debate regional que en México, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos apenas comienza a discutirse con seriedad: ¿cuál es el límite entre el derecho a vivir y el derecho a morir dignamente?

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de pacientes психиатрических han señalado que personas como Catalina suelen ser ignoradas en estos debates porque su sufrimiento no proviene de una enfermedad terminal física, sino de padecimientos mentales crónicos. Esa distinción, argumentan, no debería reducir su derecho a la autodeterminación.

Lo que deja su partida

Catalina se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo. Su nombre apareció en titulares internacionales, su caso fue retomado por organizaciones como DescLAB y abrió una conversación necesaria sobre cómo los sistemas de salud latinoamericanos tratan —o abandonan— a quienes sufren trastornos mentales graves.

También dejó al descubierto las costuras de un marco legal que, aunque pionero en la región al despenalizar la eutanasia hace ya casi una década, aún no garantiza que la voluntad del paciente sea la última palabra.

Murió como quería, pero no exactamente como había pedido. Esa diferencia, pequeña en apariencia, enorme en significado, es la herencia incómoda que su caso deja sobre la mesa.