Se hacían pasar por electricistas para detener migrantes: la nueva cara de la cacería en EU
Agentes federales en Estados Unidos recurren a disfraces de trabajadores de obras, repartidores y hasta colocan banderas mexicanas en sus vehículos para tender trampas a indocumentados. Mexicanos como José de Jesús Cortez Delgado han caído. DHS lo niega.
El chaleco naranja con un logo casi idéntico al de una empresa de servicios públicos fue la carnada perfecta. Dos hombres, hablando español con fluidez, se acercaron a una casa en el sur de Los Ángeles y pidieron al dueño que moviera su camioneta del patio trasero para poder "trabajar en el poste de luz". El residente, un mexicano identificado como José de Jesús Cortez Delgado, obedeció sin sospechar. En cuanto estacionó el vehículo junto a su vivienda, varios agentes saltaron de autos sin placas, le apuntaron con armas y gritaron: "¡No se mueva, manos arriba!".
El caso, ocurrido el pasado 20 de junio, es solo uno de los que organizaciones civiles, activistas y líderes comunitarios han documentado en los últimos meses en Estados Unidos: operativos encubiertos donde funcionarios federales se hacen pasar por trabajadores de la construcción en Connecticut y Nueva York, electricistas en Oregón, repartidores de paquetería en Chicago, e incluso colocan una bandera mexicana sobre el cofre de un vehículo para generar confianza antes de detener a sus objetivos.
El patrón que se repite
La estrategia, denunciada por colectivos en defensa de los migrantes, apunta directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al que acusan de desplegar un plan de deportaciones masivas impulsado por la administración de Donald Trump con métodos cada vez más agresivos. En cada estado, el guion es similar:
- Uniformes discretos con logotipos que imitan a compañías reales.
- Historias creíbles para acercarse a la víctima sin levantar sospechas.
- Emboscadas rápidas una vez que la persona baja la guardia.
Las comunidades latinas, particularmente las de origen mexicano, viven con un estado de alerta que organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han calificado de "clima de terror". Vecinos que antes abrían la puerta a desconocidos por amabilidad ahora evitan cualquier interacción con personas que no reconozcan plenamente.
La versión oficial
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega categóricamente que ICE esté detrás de estas acciones. En un comunicado enviado a EL PAÍS, la dependencia aseguró que la detención de Cortez Delgado en Los Ángeles fue ejecutada por marshals federales —agencia encargada de localizar fugitivos— y no por oficiales de inmigración. "Los oficiales de ICE no se disfrazan ni se hacen pasar por trabajadores de servicios públicos; cualquier afirmación en sentido contrario es rotundamente falsa", señaló la institución, sin detallar por qué entonces se han reportado tácticas similares en al menos cinco estados.
La contradicción entre la negativa oficial y los testimonios recabados por activistas ha abierto un debate sobre los límites legales de los operativos migratorios. Expertos en derechos civiles consultados por medios estadounidenses cuestionan que estas prácticas puedan considerarse engaño legítimo cuando ponen en riesgo a personas que no tienen antecedentes penales.
Lo que está en juego
Para miles de familias mexicanas con parientes en el norte, el fenómeno ha cambiado rutinas cotidianas. Ya no se trata solo de evitar certainos barrios o salir con papeles en regla: ahora cualquier visita inesperada, cualquier oferta de trabajo informal o cualquier ayuda bienintencionada puede convertirse en una trampa. La confianza entre vecinos se ha erosionado, y con ella, una parte del tejido comunitario que sostenía a las comunidades migrantes en ciudades como Los Ángeles, Houston o Chicago.
Mientras el gobierno federal insiste en que se trata de casos aislados y de otras agencias, las organizaciones proinmigrantes preparan demandas colectivas y piden al Congreso una investigación formal sobre el uso de tácticas encubiertas en operativos de inmigración. El caso de Cortez Delgado, grabado en video y difundido en redes, podría convertirse en la prueba más visible de una práctica que, según los denunciantes, va mucho más allá de un chaleco naranja y un par de herramientas.